En América Latina hay palabras que seducen con facilidad. Justicia. Igualdad.
Refundación. Suenan bien, prometen un mundo distinto y apelan a una emoción
profundamente arraigada en la historia de la región: la sensación de que todo
podría ser mejor si tan solo se cambiara el sistema. Durante décadas, muchos
proyectos políticos se han sostenido sobre esa promesa. La idea de que una gran
transformación estructural —casi siempre dirigida desde el Estado— podría
corregir de una vez las injusticias históricas del continente.
El problema es que las utopías políticas suelen tener un costo. Y ese costo, casi
siempre, lo pagan las sociedades que creyeron en ellas.
América Latina ha vivido varios ciclos de entusiasmo ideológico. Cada generación
parece convencida de que ahora sí se ha encontrado el modelo que resolverá las
desigualdades y pondrá fin al atraso económico. Pero la historia reciente muestra
algo distinto: muchos de esos experimentos terminaron produciendo frustración
social, deterioro institucional y crisis económicas difíciles de revertir.
No es necesario mirar demasiado lejos para encontrar ejemplos. Basta observar lo
ocurrido en Venezuela durante las últimas dos décadas. El proyecto político
impulsado primero por Hugo Chávez y luego continuado por Nicolás Maduro fue
presentado como una revolución destinada a corregir las desigualdades históricas
del país. En su discurso, el Estado debía convertirse en el gran distribuidor de
riqueza y en el motor absoluto de la economía.
El resultado es conocido. Según informes de organismos como el Banco Mundial y
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Venezuela sufrió una de
las contracciones económicas más profundas registradas en tiempos de paz en el
hemisferio occidental. Millones de ciudadanos abandonaron el país, el sistema
productivo colapsó y la inflación alcanzó niveles históricos.
Lo interesante, desde una perspectiva sociológica, es que ese proceso no
comenzó como una catástrofe evidente. Al inicio, el proyecto político estaba
envuelto en un lenguaje épico: soberanía popular, redistribución, dignidad
nacional. El discurso resultaba atractivo porque prometía reparar heridas sociales
reales. Sin embargo, el problema no estaba en las aspiraciones de justicia, sino en
el método escogido para alcanzarlas.
Cuando el Estado se convierte en el actor económico dominante y desplaza
sistemáticamente a la iniciativa privada, la dinámica productiva comienza a
deteriorarse. Las empresas dejan de invertir, la innovación se reduce y la
economía pierde dinamismo. La promesa de igualdad termina chocando con una
realidad más dura: sin crecimiento sostenido, la riqueza simplemente deja de
existir.
Algo parecido ocurrió en Cuba tras la revolución encabezada por Fidel Castro.
Durante décadas, el sistema político cubano fue presentado como un modelo de
justicia social frente al capitalismo latinoamericano. Sin embargo, con el paso del
tiempo se hizo evidente que la centralización absoluta del poder económico
también producía efectos sociales severos: estancamiento productivo,
dependencia del Estado y limitaciones profundas a las libertades individuales.
No se trata de negar los avances sociales que algunos de estos proyectos
proclamaron en determinados momentos. El punto es otro. Cuando un modelo
político se sostiene exclusivamente sobre una visión ideológica rígida y desconfía
sistemáticamente de la libertad económica, las consecuencias suelen ser
previsibles.
América Latina ha pagado varias veces ese precio.
El caso de Nicaragua bajo el liderazgo de Daniel Ortega es otro ejemplo revelador.
Lo que comenzó como un proyecto político con fuerte legitimidad histórica terminó
evolucionando hacia un sistema cada vez más cerrado, donde la concentración
del poder político ha reducido significativamente los espacios democráticos.
Estos procesos comparten un rasgo común: la creencia de que una élite política
iluminada puede reorganizar la sociedad desde arriba, sustituyendo las dinámicas
espontáneas de la economía y de la sociedad civil. En teoría, ese enfoque busca
proteger a los sectores más vulnerables. En la práctica, muchas veces termina
debilitando los mecanismos que generan oportunidades reales.
En contraste, los países que han apostado por economías abiertas, instituciones
relativamente estables y reglas claras para la inversión han mostrado trayectorias
distintas. El caso de Chile durante varias décadas es ilustrativo. A pesar de sus
tensiones internas y debates políticos intensos, el país logró construir una de las
economías más dinámicas de la región, reduciendo la pobreza y expandiendo su
clase media.
La experiencia chilena no fue perfecta, por supuesto. Ningún modelo lo es. Pero
demostró algo importante: cuando las instituciones respetan la estabilidad jurídica
y permiten que la iniciativa privada florezca, el crecimiento económico tiende a generar oportunidades que difícilmente podrían surgir bajo economías excesivamente centralizadas.
Raúl Allain