En el Perú, ese debate también ha estado presente. Durante años se discutió si
el país debía abandonar su modelo económico abierto para adoptar esquemas
más intervencionistas. Sin embargo, las cifras muestran que las décadas de
mayor crecimiento coincidieron con periodos de apertura comercial, disciplina
fiscal y promoción del emprendimiento.
Organismos internacionales como el Banco Mundial han señalado que el Perú
fue uno de los países que más redujo la pobreza en América Latina entre los
años 2000 y 2019. Ese proceso no ocurrió por accidente. Fue resultado de una
combinación de estabilidad macroeconómica, inversión privada y expansión de
mercados.
La pregunta que muchos ciudadanos comienzan a hacerse es sencilla: si ese
modelo generó resultados concretos, ¿por qué existe tanta insistencia en
reemplazarlo por proyectos ideológicos que ya han fracasado en otros lugares?
Parte de la respuesta está en la política simbólica. Las utopías tienen una
ventaja retórica: ofrecen soluciones simples a problemas complejos. Prometen
cambios rápidos, apelan al resentimiento social y presentan al Estado como un
salvador capaz de resolver cualquier injusticia histórica.
El problema es que las economías reales no funcionan de esa manera.
Las sociedades prosperan cuando existen incentivos para producir, invertir y
emprender. Prosperan cuando las instituciones generan confianza. Prosperan
cuando las reglas son previsibles y no cambian cada vez que un nuevo
gobierno llega al poder con la promesa de refundarlo todo.
Esto no significa que el mercado por sí solo resuelva todos los problemas
sociales. La desigualdad sigue siendo un desafío importante en América Latina.
Pero la evidencia empírica sugiere que el crecimiento económico sostenido
—apoyado en libertad económica y estabilidad institucional— ha sido la
herramienta más eficaz para reducir la pobreza en la región.
Por eso, cada vez más ciudadanos comienzan a mirar con escepticismo los
discursos grandilocuentes que prometen transformaciones totales. La
experiencia acumulada ha demostrado que las revoluciones políticas suelen
ser más eficaces destruyendo instituciones que construyendo prosperidad.
América Latina no necesita nuevas utopías. Necesita algo mucho más difícil y
menos espectacular: instituciones sólidas, reglas estables y políticas públicas
que incentiven la productividad en lugar de sabotearla.
A veces la solución no está en reinventar el sistema, sino en perfeccionar
aquello que ya ha demostrado funcionar.
La región enfrenta hoy desafíos enormes: inseguridad creciente, informalidad
laboral, crisis educativas y tensiones políticas permanentes. Resolver esos
problemas exige pragmatismo, no romanticismo ideológico.
Quizás la lección más importante de las últimas décadas sea precisamente
esa. Las sociedades que apostaron por la estabilidad institucional y la libertad
económica lograron generar oportunidades reales para millones de personas.
Las que optaron por experimentos ideológicos radicales terminaron atrapadas
en ciclos de crisis.
La historia de América Latina está llena de sueños políticos. Algunos nacieron
de aspiraciones legítimas de justicia social. Pero cuando esos sueños se
transforman en dogmas y se imponen desde el poder sin respeto por las
dinámicas económicas y sociales, el resultado suele ser el mismo:
empobrecimiento, polarización y frustración colectiva.
El desafío del presente consiste en abandonar la fascinación por las utopías y
asumir una tarea más sobria: construir sociedades libres, con instituciones
fuertes y economías capaces de generar prosperidad sostenible.
Puede parecer menos épico. Pero para millones de ciudadanos que
simplemente quieren trabajar, progresar y vivir con estabilidad, probablemente
sea el camino más sensato.
Raúl Allain