A veces uno se sienta frente al televisor o revisa las redes sociales y siente que el
guion ya está escrito en algún despacho refrigerado de Ginebra o Washington.
Como sociólogo, pero sobre todo como peruano que camina las calles, me asalta
una duda constante: ¿en qué momento cedimos la llave de nuestra casa a cambio
de promesas de papel? Hablo de esa red invisible, pero asfixiante, de tratados
internacionales que, bajo el barniz de la «fraternidad global», terminan
convirtiéndose en camisas de fuerza para el desarrollo de naciones como la
nuestra.
El Perú, y por extensión buena parte de nuestra sufrida pero resiliente América
Latina, vive hoy una paradoja. Somos repúblicas independientes en el mapa, pero
en la práctica, nuestras decisiones más críticas —desde cómo manejamos nuestra
justicia hasta cómo explotamos nuestros recursos para salir de la pobreza— están
condicionadas por organismos que nadie eligió en las urnas. Es hora de hablar,
sin complejos y con la frente en alto, sobre las ventajas de recuperar nuestra
autonomía. No se trata de aislarnos, sino de madurar. De entender que el
verdadero progreso nace de la libertad individual y el respeto a la propiedad, no de
manuales ideológicos disfrazados de convenios humanitarios.
El mito del consenso y la trampa de la supranacionalidad
Durante décadas nos vendieron la idea de que firmar cada tratado que se nos
ponía enfrente era el certificado de entrada a la civilización. «Si no firmas, eres un
paria», nos decían. Pero miremos el resultado. Muchos de estos acuerdos,
especialmente aquellos que tocan temas de justicia y derechos sociales mal
entendidos, se han transformado en herramientas de presión política. Han servido
para proteger a quienes vulneran el orden público y para maniatar a las fuerzas
del orden que intentan protegernos.
Cuando un país como el Perú decide, por ejemplo, que es momento de imponer
mano dura contra la criminalidad que desangra nuestras esquinas, salta un comité
internacional a decirnos que «así no se puede». Me pregunto: ¿esos burócratas
caminan por San Juan de Lurigancho o por los cerros de Villa María del Triunfo?
No. Ellos dictan cátedra desde distancias seguras, mientras el ciudadano de a pie
vive preso en su propia casa. Retirarse de ciertos tratados, como la cuestionada
competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en puntos específicos, no es un ataque a la humanidad; es un acto de legítima defensa de
nuestra soberanía judicial. Es devolverle al Estado la capacidad de ejercer
autoridad real.
La libertad económica como único motor
Hablemos de lo que realmente llena la olla: el mercado. La historia no miente,
aunque algunos se empeñen en reescribirla. Los países que prosperan son
aquellos que protegen la inversión, reducen el tamaño del Estado y permiten que
el ingenio individual vuele sin trabas. Sin embargo, nos encontramos con tratados
ambientales o laborales que parecen diseñados para que los países en vías de
desarrollo jamás dejen de ser eso, «en vías de».
Son regulaciones que imponen estándares europeos a realidades andinas o
selváticas. Es como pedirle a un corredor que apenas está comprando sus
zapatillas que compita con los mismos lastres que alguien que ya tiene todo el
equipo de alta gama. Al desvincularnos de normativas internacionales que asfixian
la explotación responsable de recursos, abrimos la puerta a una bonanza
necesaria. El Perú es un país minero, agrícola y emprendedor por naturaleza.
Cada traba impuesta por un organismo externo es un puesto de trabajo menos
para un joven que hoy piensa en irse porque aquí siente que «no lo dejan ser».
El beneficio de recuperar esta autonomía económica es inmediato: predictibilidad.
Cuando las reglas del juego las ponemos nosotros, pensando en nuestro
crecimiento y no en quedar bien con una agenda globalista, el inversor serio llega.
El capital huye de la incertidumbre ideológica, pero ama la soberanía firme que
respeta el derecho de propiedad y la libertad de empresa.
Raúl Allain