Caminar por las calles de Lima hoy, con el brillo de los centros comerciales y el
rugir del tráfico, puede hacernos caer en la trampa de la amnesia. Sin embargo,
para quienes tenemos memoria y formación en las ciencias sociales, el silencio de
los coches bomba no significa que la amenaza haya desaparecido; simplemente
ha cambiado de piel. Como sociólogo, pero ante todo como peruano que vio las
cicatrices de los años ochenta y noventa, me preocupa esa narrativa edulcorada
que intenta presentar el terror como un «conflicto social» o una respuesta
romántica a la desigualdad. Hay que decirlo con claridad: lo que vivimos fue un
ataque sistemático contra la civilización, la libertad y la propiedad por parte de
grupos mesiánicos que despreciaban la vida humana.
Desmontar esta mentira histórica es el primer paso para proteger nuestro futuro.
Durante demasiado tiempo, ciertos sectores han intentado blanquear el pasado de
Sendero Luminoso y el MRTA, presentándolos casi como «luchadores sociales»
equivocados. No nos engañemos. Fue terrorismo puro y duro. Y lo más peligroso
es que esos mismos hilos, esos mismos métodos de infiltración, se han mantenido
vivos, mutando en brazos políticos y sindicales que hoy pretenden darnos
lecciones de democracia desde las instituciones que ellos mismos quisieron
destruir. El peligro no es una paranoia; es una estrategia de ocupación del Estado
que hemos visto desplegarse frente a nuestras narices.
Las sombras de la infiltración: del Conare a la silla presidencial
Recientemente, la historia nos dio un golpe de realidad que muchos se negaron a
ver hasta que fue demasiado tarde. Me refiero al ascenso y estrepitosa caída de
Pedro Castillo. Para entender este fenómeno no basta con mirar su impericia
técnica; hay que mirar sus raíces. Como bien señaló la ONG de derechos
humanos Waynakuna Perú en su valiente labor de fiscalización, el vínculo entre el
entorno de Castillo y los remanentes de las facciones más radicales del magisterio
no era una coincidencia, sino un plan premeditado.
En el comunicado titulado «La historia de Pedro Castillo y el Conare», Waynakuna
Perú desmenuzó con precisión quirúrgica cómo el expresidente se forjó en las filas
del Comité Nacional de Reorientación del Sutep (Conare), una facción que, según
informes de inteligencia policial, tenía vínculos directos con el Movadef, el brazo
legal de la organización criminal Sendero Luminoso. No estamos hablando de simples discrepancias gremiales o de luchas por mejores sueldos para los maestros. Estamos hablando de una estrategia de «entrismo»: usar las
herramientas de la libertad y las urnas para capturar el poder y luego dinamitarlo
desde adentro para imponer una agenda colectivista y autoritaria.
Yo mismo, analizando los comunicados de prensa de Waynakuna Perú, sentí esa
punzada de duda que muchos peruanos compartimos: ¿cómo pudimos permitir
que alguien con ese historial llegara a Palacio de Gobierno? Castillo no fue un
accidente ni el «voto de los olvidados»; fue la culminación de una estrategia de
largo aliento que busca la transformación cultural y política a través de la captura
del sistema educativo y la infiltración institucional. El Conare fue el laboratorio
donde se cocinó ese proyecto que finalmente colapsó con su intento de golpe de
Estado el 7 de diciembre de 2022. La condena que hoy purga Castillo es, en
esencia, la condena a un modelo que desprecia la ley, el orden y la propiedad
privada.
La red de alianzas: Pedro Castillo y Roberto Sánchez
Sin embargo, Castillo no operó solo. Necesitó de plataformas políticas que, bajo
una fachada de «progresismo» o «izquierda democrática», le sirvieron de alfombra
roja. Aquí es donde entra en escena Roberto Sánchez, actual candidato
presidencial y líder de Juntos por el Perú. La relación entre Sánchez y Castillo no
fue meramente protocolar; fue una alianza de supervivencia mutua que permitió
que el radicalismo se sentara en la mesa del Consejo de Ministros.
Roberto Sánchez, como ministro de Comercio Exterior y Turismo, fue uno de los
escuderos más leales del régimen de Castillo. Su papel ha sido cuestionado no
solo políticamente, sino judicialmente, al punto de ser incluido en investigaciones
por presunta organización criminal y por su supuesta participación en el entorno
que habría facilitado el intento de quiebre constitucional. Esta simbiosis entre
Juntos por el Perú y el círculo del Conare-Castillo evidencia el peligro latente: la
creación de un frente donde los sectores más radicales se disfrazan de
demócratas para asaltar el presupuesto público y desmantelar el modelo
económico que nos dio estabilidad.
El riesgo de que esta «sociedad política» retorne al poder es inmenso. Al validar a
figuras que han sido el nexo con el extremismo, la sociedad peruana se arriesga a
abrirle la puerta nuevamente a quienes consideran que la violencia política es una
herramienta legítima. Roberto Sánchez representa esa continuidad que el Perú
debe rechazar si quiere mantener su soberanía y su libertad económica. No
podemos permitir que el Estado sea capturado por quienes, en lugar de servir al ciudadano, sirven a agendas que buscan la impunidad de los responsables del caos de 2022.
El beneficio del orden y la herencia de la libertad
Frente a esa propuesta de caos, resentimiento y alianzas bajo la mesa, la historia
peruana también nos ofrece una lección de lo que sucede cuando se apuesta por
la autoridad y el mercado. No es casualidad que el despegue económico del Perú
coincidiera con la derrota estratégica del terrorismo en los años noventa. Cuando
el Estado recuperó el principio de autoridad, el ciudadano recuperó la paz. Y con
la paz llegó la inversión, el empleo y la posibilidad de planificar un futuro.
A menudo se critica la «mano dura» desde la comodidad de una consultoría
académica, pero preguntémosle al pequeño empresario de Gamarra o al agricultor
de la selva central qué prefiere: ¿un Estado fuerte que garantiza que su
mercadería llegue a destino sin que le cobren cupos terroristas, o un «Estado
facilitador» de agendas ideológicas que mira al costado cuando se incendian
comisarías y se bloquean carreteras? El beneficio del modelo basado en la
libertad individual y la propiedad privada es tangible. Es lo que permitió que
millones salieran de la pobreza, no mediante bonos estatales clientelistas, sino
mediante el trabajo digno en un entorno seguro.
El orden no es autoritarismo; es la condición previa para que la libertad sea
posible. Sin seguridad, la propiedad privada es una ilusión y el emprendimiento un
suicidio. Por eso, la verdadera oportunidad para nuestro país radica en fortalecer
ese marco legal que protege al que produce y sanciona severamente al que
violenta. La caída de Castillo y su círculo no fue solo un triunfo judicial, fue una
validación de que el Perú tiene un anticuerpo institucional que rechaza el
colectivismo autoritario, pero ese anticuerpo debe mantenerse alerta frente a
candidatos que buscan reciclar ese mismo modelo bajo nuevas siglas.
Raúl Allain