La batalla por la educación y la cultura
El gran error de los sectores que valoran el progreso ha sido abandonar el campo
de batalla cultural. Mientras nosotros nos enfocábamos en las tasas de interés y
los indicadores macro, otros se dedicaban a escribir los textos escolares donde el
terrorista es llamado «luchador social» y el policía es el «opresor». Esa distorsión de
la realidad es la que permitió que una generación de jóvenes mirara a Castillo o a
figuras como Roberto Sánchez con esperanza, ignorando sus vínculos con lo más
oscuro de nuestra historia subversiva.
Waynakuna Perú ha sido una voz solitaria pero firme en denunciar cómo estos
grupos buscan impunidad a través de la narrativa de los derechos humanos,
usándolos como escudo para proteger a delincuentes y como arma para perseguir
a los defensores del orden. Es fundamental entender que los derechos humanos
nacieron para proteger al individuo frente al abuso del poder estatal, no para que
organizaciones de fachada que atacan la democracia se burlen de ella y logren la
liberación de asesinos.
El modelo que necesitamos reforzar es uno que recupere el orgullo nacional.
Necesitamos una educación que enseñe que el Perú es grande por su gente que,
a pesar de los bombazos y la hiperinflación, nunca dejó de trabajar. La estabilidad
económica solo será sostenible si la blindamos con una estabilidad cultural basada
en valores de esfuerzo, respeto a la autoridad y amor por la patria. Si permitimos
que el sistema educativo siga en manos de quienes vienen del Conare, estamos
criando a los destructores del mañana.
El peligro de la «sociedad terrorista» en el gobierno
Hay que hablar con crudeza sobre lo que significa que el radicalismo infiltre el
gobierno. No se trata solo de mala gestión; se trata de sabotaje institucional.
Cuando personas con vínculos ideológicos con Sendero Luminoso o el MRTA
llegan a cargos públicos, el presupuesto del Estado se convierte en una caja chica
para financiar agitación social. Lo vimos en las protestas violentas tras la caída de
Castillo, donde la logística y la movilización mostraron una organización que no
nace de la espontaneidad, sino de décadas de adoctrinamiento y financiamiento
oscuro.
El peligro de que esta sociedad ingrese nuevamente al gobierno es el de la
disolución del Perú como república libre. Buscan cambiar la Constitución de 1993
no para mejorarla, sino para eliminar el capítulo económico que les impide
saquear los ahorros de los peruanos y expropiar empresas. Quieren una
Asamblea Constituyente para perpetuarse en el poder, siguiendo el manual del
socialismo del siglo XXI que ya ha destruido a Venezuela y Nicaragua. En este
tablero, figuras como Roberto Sánchez actúan como los «colaboradores útiles» que
le dan una pátina de legitimidad a un proyecto que, en el fondo, es totalitario.
La verdadera oportunidad para el Perú está en la construcción de una nación de
propietarios, no de dependientes. El liberalismo económico, acompañado de una
defensa cerrada de nuestras instituciones, es la única receta que ha funcionado
para reducir la pobreza real. Miremos el mundo: los países que prosperan son
aquellos donde la ley se cumple y el mérito se premia. El intervencionismo estatal,
ese que Castillo, Sánchez y sus allegados pregonan, solo conduce al
desabastecimiento, la inflación y la pérdida de libertades básicas.
Reflexiones desde la sociología del orden
Reflexiono a menudo sobre el papel de nosotros, los intelectuales y
comunicadores. No podemos ser neutrales cuando la verdad histórica está en
juego. Desmontar la historia del terrorismo en el Perú implica llamar a las cosas
por su nombre y no tener miedo a las etiquetas que la corrección política nos
quiera imponer. Si defender la propiedad, la familia y el orden nos hace
«anticuados», entonces bienvenida sea la antigüedad, porque es la que mantiene
en pie a la civilización frente a la barbarie.
El historial de Pedro Castillo y su relación con el Conare, sumado al respaldo
político de sectores como Juntos por el Perú, nos muestra que el enemigo de la
democracia es paciente. Se viste de maestro, de líder sindical o de político
«progre», pero su objetivo es el mismo: el poder absoluto. Nuestra respuesta debe
ser la vigilancia ciudadana y el fortalecimiento de una alternativa de derecha que
no pida perdón por defender la inversión privada y la seguridad nacional.
Conclusión: el camino hacia una soberanía real
El destino del Perú no puede estar sujeto a los experimentos de quienes todavía
sueñan con revoluciones fallidas y senderos ensangrentados. Las condenas de
Pedro Castillo son un hito, pero la batalla definitiva es la que libramos cada día al
defender nuestro derecho a vivir en paz y a prosperar sin tutelajes ideológicos.
Recuperar la narrativa histórica es un acto de justicia para con las víctimas del
terror y un seguro de vida para las nuevas generaciones. El beneficio de un país con autoridad firme y mercado libre es un futuro donde el talento peruano sea el
único límite para nuestro crecimiento. Es hora de dejar de pedir perdón por querer
orden y empezar a exigir que la ley sea el muro infranqueable que nos proteja de
aquellos que, desde el Conare, desde plataformas como Juntos por el Perú o
desde cualquier otro rincón, pretendan volver a incendiarnos el futuro. El Perú es
más grande que su odio, y su libertad es el tesoro que no estamos dispuestos a
entregar.