El desmantelamiento del Estado del Bienestar

1. Medidas regresivas y rechazo popular

 El bloque de poder liberal-conservador de la UE, con una gestión regresiva, antisocial y autoritaria de la crisis, quiere imponer un modelo económico y social más desigual y una democracia más débil. Su política de austeridad y recortes sociales está acelerando el proceso de desmantelamiento del Estado del bienestar, que considera ‘insostenible’. Es la tendencia dominante.

Pero esta reestructuración regresiva carece de suficiente legitimidad ciudadana. Hay una fuerte pugna distributiva, política y cultural sobre la gestión de la crisis y el modelo de Estado y sociedad. Existe una amplia corriente social indignada, con una actitud cívica de justicia social, que rechaza esa dinámica. La cuestión es si hay fuerzas sociales consistentes para frenarla y hasta dónde. ¿Cuál es el impacto de una ciudadanía activa contra esa política regresiva y qué significado tiene un proyecto alternativo de un modelo social más igualitario, solidario y democrático?.

Caben dos hipótesis extremas: ¿Es realista el catastrofismo fatalista o la idea de la inevitabilidad de la eliminación total de los derechos sociales, los servicios y prestaciones públicos o el propio Estado democrático y de derecho?. ¿Es adecuada la idea contraria de que el futuro del Estado del bienestar está asegurado o que las ‘reformas estructurales’ lo hacen más fuerte y sostenible?.

Aquí se mantiene una posición intermedia: no es previsible la destrucción inmediata y generalizada del Estado del bienestar, en el ámbito económico e institucional es dominante esa dinámica regresiva pero existe una importante oposición ciudadana que la condiciona; el horizonte inmediato es su reducción, segmentación y desmantelamiento, hacia otro modelo cualitativamente diferente, particularmente en el sur europeo. Pero el futuro no está decidido y depende de dinámicas sociopolíticas. Así, desde ese marco y con un enfoque crítico, se analizan estas tendencias ambivalentes y los discursos que pretenden legitimarlas.

Las consecuencias sociales derivadas de la prolongada crisis socioeconómica (paro masivo, incremento de la desigualdad, nuevas brechas sociales…) se están agravando. Las necesidades de protección pública se han ampliado frente a los mayores riesgos para la cohesión social. Las características principales de la política social dominante son la limitación del porcentaje de gasto público social por habitante respecto del PIB per cápita, la disminución de la intensidad protectora pública y una reestructuración institucional con mayor segmentación y privatización de servicios públicos. Al mismo tiempo, la mayoría de la población demanda empleo decente y garantías de derechos socioeconómicos y laborales. Los recortes y contrarreformas sociales, en este periodo, están condicionados por esa doble dinámica, con dos opciones básicas de salida de la crisis: 1) regresiva, con un proceso de desmantelamiento del Estado del bienestar, particularmente para el sur europeo, o 2) más equilibrada y equitativa, con una pugna sociopolítica prolongada por la garantía de unos derechos sociales y laborales fundamentales.

En definitiva, las reformas en distintos países tienen particularidades. No obstante, el proceso se puede definir como cambio cualitativo, fundamentalmente regresivo. No hay una destrucción inmediata y total del Estado del bienestar, aunque haya presiones relevantes hacia su desmantelamiento gradual. Tampoco se mantiene el statu quo anterior, y menos hay una mejora global. Las características principales de esa reestructuración son tres: 1) contención del gasto público-social, con limitación del esfuerzo público -en relación al PIB- per cápita y recorte de derechos sociales y acción protectora pública; 2) ‘racionalización’, reajustes globales regresivos de derechos sociolaborales y diversas adaptaciones –neutras o mejoras parciales-; 3) incremento de la diferenciación interna, con mayor segmentación institucional y de la calidad de los servicios públicos junto con el desarrollo de privatizaciones parciales. Supone adaptar las políticas sociales a la segmentación laboral y de rentas y a la fragmentación social, y una transformación institucional hacia sistemas mixtos, públicos y privados.

Gráfico: Posición de la población ante el gasto público social (%)

Fuente: CIS – Estudio 2930 – enero de 2012, y elaboración propia.

Para completar este diagnóstico solamente se seleccionan unos datos oficiales de una encuesta del CIS (gráfico adjunto), especialmente significativos para el tema que nos ocupa. Aunque fue diseñada durante el gobierno anterior socialista, los resultados están publicados en enero de 2012, ya con el Gobierno del PP, que trató de esconderlos porque, evidentemente, la opinión mayoritaria de la población iba en contra de sus planes de recortes sociales. La interpretación de la exigencia mayoritaria de incrementar ese gasto social es todavía más contundente ya que se confronta con la idea de subir impuestos, que oficialmente es denostada y tiene cierto apoyo entre sectores acomodados. Junto con otros datos similares explican la persistencia de una amplia cultura cívica, democrática y de justicia social, una cultura ‘popular’ progresista frente al poder y sus políticas regresivas.

2.Alcance del desmantelamiento, percepción y acción colectiva progresista

Se puede constatar la existencia de un proyecto regresivo del sector más neoliberal que no tiene límites y pretende acabar con todo. No obstante, conviene analizar las dificultades para su materialización o bien las tendencias o factores que condicionan la realización de ese programa de máximos de acabar con (destruir o desmantelar totalmente) el actual Estado del bienestar (Estado social, democrático y de derecho) o en otro sentido, consolidar un capitalismo especulativo e ‘inhumano’, con un sistema político autoritario, con dilución de su carácter social y democrático, aun conservando algunas formas mínimas de representación y legitimación política.

En primer lugar, hay que señalar el carácter destructivo de ese proyecto para el bienestar social de la mayoría de las sociedades europeas, su cohesión y vertebración, así como la deslegitimación que produciría en las clases políticas gobernantes. En las actuales circunstancias, la base de apoyo social para esos objetivos máximos sería muy limitada, por lo que el poder tendería a generar dinámicas de división popular con chivos expiatorios o falsos culpables: nacionalismos, racismo y xenofobia, populismos autoritarios. Podría acompañarlo de la involución política y democrática, fuerte control social y autoritarismo institucional (más o menos tecnocrático).

Sin embargo, un factor que condiciona o frena esa dinámica extrema es la propia mayoría de la sociedad con su cultura democrática y de justicia social; la cuestión es su grado de activación, la articulación en movimientos sociales de presión y de representación política e institucional progresista, como agentes sociales que reequilibren esa tendencia dominante. Por tanto, el resultado de esa doble tendencia puede significar la no implantación total del proyecto neoliberal y autoritario extremo.

Se ha abierto una profunda y prolongada pugna sociopolítica con el telón de fondo de posiciones contrapuestas: el reparto más o menos desigual de los costes de la crisis, el refuerzo o el desgaste del poder financiero con mayor o menor subordinación de las capas populares, el alcance de los procesos de deslegitimación de la política de austeridad y las élites gestoras junto con la tendencia hacia una democracia débil o una democratización profunda.

Y en el campo cultural y de la conciencia social la incógnita está entre dos dinámicas: a) si la mayoría ciudadana asume los retrocesos democráticos y de bienestar social, bajo de argumento central de contener las demandas populares por su ‘insostenibilidad’ económica y con el refuerzo de los poderosos; b) si, dada la inmensidad de la riqueza generada, los derechos adquiridos por la ciudadanía y la amplia conciencia de justicia social, es la economía la que debe servir a la sociedad y se apuesta por una distribución más equitativa, una salida de la crisis más justa, solidaria y progresista y una regeneración democrática del sistema político.

Las opciones básicas son dos: 1) profunda reestructuración regresiva del Estado del bienestar europeo, con un retroceso de su modelo social, los derechos sociolaborales y la calidad democrática, así como una relegitimación de las actuales élites gestoras y los grupos dominantes de poder financiero; 2) dinámica sociopolítica que impida esa salida y apueste por una democratización del sistema político, una renovación profunda de las élites gobernantes, una regulación institucional de los mercados financieros, con una fiscalidad progresiva, y un refuerzo de un Estado del bienestar más avanzado, con empleo decente.

En definitiva, lo que se ventila es la concreción del modelo social europeo, entre una salida de la crisis regresiva o justa y equitativa, entre el desmantelamiento del Estado del bienestar o las garantías para una ciudadanía social plena en una Europa más democrática, igualitaria y solidaria. El futuro no está predeterminado, depende del desarrollo de la pugna sociopolítica.